Por María Solanas
En los últimos años, varios países de la Comunidad Iberoamericana han adoptado formalmente una Política Exterior Feminista (México, España, Chile, Colombia, Argentina) o han defendido un compromiso incuestionable con la igualdad de hombres y mujeres en su política exterior (Brasil en la COP30 de Belém, o en su apoyo a Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de Naciones Unidas). No obstante, algunos países han abandonado dicha denominación tras procesos electorales que produjeron cambios de gobierno (Argentina, Chile, probablemente Colombia), si bien otros han continuado sus esfuerzos para impulsar el logro de la igualdad de género en el contexto nacional y global (España acogió la última Conferencia de Política Exterior Feminista).
El acuerdo de paz de un país latinoamericano, Colombia, es un referente mundial de la aplicación concreta de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, elemento central de la Política Exterior Feminista. Y otro país de la región, México, fue el primero iberoamericano en adoptar una Política Exterior Feminista (2020) y en acoger una Conferencia de Política Exterior Feminista (2024).
La próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2026 será una nueva oportunidad para subrayar el compromiso de la Comunidad Iberoamericana con la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género, tras la celebración de la V Conferencia de Política Exterior Feminista en Madrid, el pasado mes de junio. La Declaración Política resultante, que aumenta la ambición respecto a la Conferencia celebrada en Paris en 2025, ha sido suscrita por un total de 28 países, entre ellos 6 iberoamericanos: Andorra, Colombia, España, México, Portugal, y Uruguay.
La igualdad de género en la Comunidad Iberoamericana
El compromiso formal de la Comunidad Iberoamericana con la igualdad de género ha sido sostenido y permanente en las últimas décadas. Su origen institucional lo encontramos en 2005, durante la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, en la que los jefes de Estado y de Gobierno acordaron de forma expresa impulsar el enfoque de género de manera transversal en la cooperación, convirtiéndolo además en un tema central del diálogo político de la Comunidad. Este mandato se reforzó sustancialmente con la aprobación de la Primera Estrategia de Cooperación en la Cumbre de Santiago de Chile en 2007.
De esta manera, la Comunidad Iberoamericana incorpora la igualdad de género como un eje estratégico propio de la Cooperación Iberoamericana y de sus marcos normativos; y también aplica la perspectiva de género de forma transversal en la totalidad de sus actividades, programas e iniciativas sectoriales. La Comunidad Iberoamericana cuenta con una ventaja competitiva fundamental: un acervo institucional y metodológico compartido.
Los objetivos prioritarios de la cooperación iberoamericana con perspectiva de género incluyen: 1) el empoderamiento económico de las mujeres; 2) su participación plena y liderazgo efectivo en todos los ámbitos de la vida pública y privada; 3) la prevención y la eliminación radical de todas las formas de violencia contra las mujeres; y 4) el cierre definitivo de la brecha digital de género. Si bien estos objetivos no incluyen todas las dimensiones de la desigualdad entre hombres y mujeres, todos ellos son transformadores, y van más allá de abordar meramente los síntomas para poner el foco en las raíces de la desigualdad de género que persiste en todos los países del mundo.
El estancamiento global y la urgencia de una respuesta: datos sobre la desigualdad de género
Los datos más recientes de Naciones Unidas confirman una realidad alarmante: de continuar la tendencia actual, será imposible alcanzar la igualdad de género para el año 2030. A pesar de los avances puntuales en los ámbitos de la educación y la salud, persisten desigualdades y discriminaciones estructurales en todas las dimensiones de la vida social, política y económica. Estas brechas no se limitan a un área geográfica particular, sino que se manifiestan de manera transversal en todos los países del mundo.
La radiografía de la desigualdad global es contundente. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral se encuentra congelada desde 1990 en un 50%, frente al 80% de los hombres. Casi el 60% del empleo de las mujeres a nivel mundial se enmarca en la economía informal, una cifra que en los países de ingresos bajos supera el 90%. Más de 2.700 millones de mujeres están sujetas a limitaciones de carácter legal que les impiden gozar de la misma libertad de elección de trabajo que los hombres. Las mujeres siguen asumiendo la desproporcionada carga del 70% de las tareas de cuidados no remuneradas. La diferencia salarial general se cifra en un 20% —estimándose que, a este ritmo, se tardarán casi 300 años en lograr la paridad salarial— y un 73,5% de las trabajadoras asalariadas en todo el mundo carece por completo de acceso a la protección social. Casi el 30% de las mujeres de 15 años o más sufre violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, un dato que excluye de forma explícita el acoso sexual.
La doble tensión: resistencia al cambio y cuestionamiento a la igualdad de género
Este panorama se desarrolla, además, en un contexto de deterioro democrático y de contestación abierta a la agenda global de promoción de la igualdad de género. En el sistema multilateral, diversos Estados y actores de la sociedad civil cuestionan de forma sistemática los principios fundamentales de no discriminación.
El escenario internacional contemporáneo está marcado por una profunda crisis del orden liberal internacional basado en reglas, una progresiva fragmentación multilateral y una polarización geopolítica extrema que ha quebrado los marcos normativos estables de décadas anteriores. El retorno a visiones neorrealistas de las relaciones internacionales sitúa el interés geopolítico y económico de las grandes potencias por encima de los valores democráticos compartidos. En este entorno de deriva iliberal, los derechos de las mujeres y la igualdad de género se han convertido en una de las principales líneas de fractura de las luchas ideológicas globales.
El crecimiento y la progresiva coordinación internacional de movimientos sociales y liderazgos políticos de corte antifeminista o “anti-género” han pasado de ser fenómenos marginales para consolidarse dentro de espacios de poder institucional.
Nos enfrentamos pues a una doble tensión: la resistencia que representa un enfoque transformador de la desigualdad (el cambio social que significa romper el papel de subordinación de las mujeres, subrayando su rol de agencia, afronta muchos obstáculos, incluso en contextos comprometidos con la igualdad de género); y la de la contestación organizada, bien financiada y articulada a los derechos de las mujeres y a las políticas y medidas que combatan la desigualdad persistente. Este cuestionamiento tiene como resultado una inversión mayor en la protección de lo que se ha logrado, restando recursos, capacidades institucionales y capital político para avanzar en transformaciones estructurales más ambiciosas.
¿Qué es la Política Exterior Feminista?
El apoyo al empoderamiento económico de las mujeres, la presencia sustantiva de las mujeres en espacios políticos de toma de decisión, la prevención y lucha contra la violencia de género, los derechos de salud sexual y reproductiva o la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad son cuestiones centrales para la Política Exterior Feminista (PEF). Para los países que la han adoptado, la PEF se considera un avance necesario que responde a la necesidad de elevar la ambición para lograr la igualdad real y efectiva (que ningún país del mundo ha alcanzado aún).
La Política Exterior Feminista se podría definir como aquella política exterior que tiene entre sus objetivos prioritarios la promoción y defensa de la igualdad de género, tanto en sus relaciones con otros Estados como en el seno de las organizaciones de la comunidad internacional; y que aspira a contribuir a la transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad de género (sobre la base del sistema de género) e impiden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Comunidad Iberoamericana, un ecosistema con potencial de transformación social
La región iberoamericana emerge como un espacio con tensiones particulares, pero también como un ecosistema dotado de herramientas únicas para ensayar respuestas transformadoras que permitan resistir los retrocesos y blindar los derechos conquistados.
A pesar del adverso contexto político y de la fragmentación, la cooperación iberoamericana cuenta con plataformas vigentes de enorme utilidad práctica que demuestran la viabilidad de la agenda.
Un ejemplo destacado de articulación regional es la Iniciativa de Legislación en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las mujeres, impulsada de forma conjunta por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres desde el año 2017. Surgida como respuesta directa a los mandatos de la XVI Cumbre Iberoamericana de La Antigua (Guatemala), esta plataforma ofrece un análisis pormenorizado de la legislación vigente en los distintos países de la región iberoamericana, identificando de manera técnica las barreras discriminatorias en el ámbito laboral y económico. A partir de este diagnóstico, la plataforma formula propuestas concretas de reformas normativas, señalando de manera específica cuáles son las disposiciones legales que deben adoptarse, reformarse o eliminarse en cada país para propiciar la igualdad de oportunidades económicas.
Asimismo, destaca la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, aprobada formalmente en la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra en el año 2021. Constituida de manera permanente por un bloque de 10 países de la región, representa la primera plataforma intergubernamental de carácter continuo, dedicada en exclusividad a esta materia. Su funcionamiento se estructura bajo un modelo de cooperación Sur-Sur horizontal, donde Estados con diferentes trayectorias e historias legislativas comparten conocimientos y experiencias técnicas en pie de igualdad, en concordancia a sus respectivas capacidades institucionales.
El andamiaje de la cooperación iberoamericana cuenta además con herramientas metodológicas sólidas para fundamentar sus intervenciones de forma técnica y científica, evitando la desinformación. Cabe destacar la Guía de Orientaciones Prácticas de la cooperación iberoamericana, una herramienta enormemente útil, explicada con sencillez y claridad. Incluye recomendaciones concretas y prácticas para el diseño de iniciativas de cooperación de carácter transformador, que van más allá de mitigar carencias materiales inmediatas, para abordar la posición social de subordinación de las mujeres.
Dada la flexibilidad de la institucionalidad propia de la Comunidad Iberoamericana, no es necesario un consenso unánime paralizante para avanzar: las reglas vigentes permiten que aquellos países que deseen impulsar un proyecto común lo pongan en marcha de forma soberana. De este modo, los Programas Iberoamericanos exigen una participación mínima de 7 países, mientras que las Iniciativas Iberoamericanas requieren únicamente un suelo mínimo de 3 países comprometidos. Esto abre una oportunidad de “cooperación reforzada”, donde los Estados de la región con agendas de igualdad de vanguardia lideren el avance normativo y técnico asociándose de manera estratégica.
El futuro de la igualdad de género en la cooperación iberoamericana
La igualdad de género no es una idea aislada, sino que forma parte de las normas integradas de género, democracia y modernidad liberal. Los desafíos globales presentes y futuros –las amenazas a la seguridad nacional y global, incluyendo la radicalización violenta y el terrorismo, el cambio climático y la transición energética, la digitalización, la polarización y la resiliencia de las democracias– requieren una comprensión de la dimensión de género para ofrecer respuestas más eficaces en materia de política exterior.
El enfoque de género en la cooperación iberoamericana representa una exigencia democrática, una condición sine qua non para garantizar la eficacia del desarrollo sostenible en la región, y un requisito de calidad de todos los proyectos. Las respuestas institucionales y técnicas que atienden de forma explícita a las diferencias y desigualdades estructurales entre hombres y mujeres son mejores respuestas, demuestran mayor eficiencia pública y no solo evitan reproducir la discriminación preexistente, sino que la combaten desde la raíz. La institucionalidad propia de la Comunidad Iberoamericana, que permite que aquellos países interesados en impulsar programas e iniciativas los pongan en marcha, ofrece una ventaja comparativa para seguir avanzando. El mandato ético del espacio iberoamericano exige consolidar una agenda que sitúe de forma permanente la sostenibilidad de la vida, la protección de los derechos humanos, y la igualdad real en el centro de las decisiones políticas de la región.
Perguntas frequentes
O que é a Política Externa Feminista?+
Quais países adotaram formalmente uma Política Externa Feminista?+
Por que alguns países abandonaram a Política Externa Feminista?+
Quando e onde será realizada a próxima Cúpula Ibero-Americana?+
No ritmo atual, quanto tempo o mundo levaria para alcançar a paridade salarial?+
O que é a Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a Violência contra as Mulheres?+
